En el contexto de la transición energética, Chile enfrenta el desafío de avanzar hacia un sistema eléctrico más limpio, resiliente y participativo. En este escenario, los sistemas de generación distribuida de propiedad conjunta —impulsados bajo el marco de la Ley 20.571— abren una oportunidad concreta para que comunidades, municipios y organizaciones sociales no solo generen su propia energía, sino que también contribuyan activamente a la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Tradicionalmente, estos sistemas han operado bajo esquemas de inyección de excedentes a la red, con beneficios principalmente económicos para sus propietarios. Sin embargo, un enfoque más avanzado plantea su operación coordinada, integrando múltiples sistemas de generación distribuida junto a almacenamiento energético (por ejemplo, baterías), permitiendo que actúen de forma agregada como una central virtual o Virtual Power Plant (VPP).
Este concepto permite que numerosos pequeños sistemas —paneles solares domiciliarios, baterías comunitarias o instalaciones municipales— se coordinen digitalmente para ofrecer servicios complementarios al sistema eléctrico, tales como regulación de frecuencia, control de voltaje o gestión de la demanda. De este modo, recursos que individualmente tienen un impacto limitado, en conjunto pueden transformarse en actores relevantes para la operación del sistema.
Los beneficios de este enfoque son múltiples. En primer lugar, contribuye a una mayor resiliencia del sistema eléctrico, al descentralizar la generación y permitir respuestas rápidas ante contingencias. En segundo lugar, favorece la reducción de la huella de carbono, al aprovechar fuentes renovables distribuidas y optimizar su uso mediante almacenamiento. Finalmente, promueve la democratización de la energía, al permitir que comunidades organizadas participen en mercados eléctricos más sofisticados.
No obstante, para que estas soluciones se desarrollen plenamente en Chile, es necesario avanzar en adecuaciones normativas. Entre los principales desafíos se encuentran la habilitación regulatoria para que agregadores de demanda y generación participen en mercados de servicios complementarios, la definición de esquemas de remuneración adecuados, y la modernización de los sistemas de medición y telecomunicaciones. Asimismo, se requiere una mayor integración entre la regulación de generación distribuida y los mercados operados por el Coordinador Eléctrico Nacional, permitiendo que estos recursos puedan ser despachados y valorizados en igualdad de condiciones que las grandes centrales.
En este contexto, la evolución de la Ley 20.571 hacia esquemas más flexibles e integrados, junto con el desarrollo de plataformas tecnológicas de gestión energética, será clave para habilitar este nuevo paradigma. Las centrales virtuales representan no solo una innovación tecnológica, sino también una oportunidad estratégica para avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible, resiliente y participativo, donde la ciudadanía tenga un rol activo en la transición energética.
Emerson Madrid Lorca
Ingeniero Civil Electricista
ORCID: 0000-0002-7867-0296
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